La atención de los más de 30.000 pacientes con insuficiencia renal a nivel país se encuentra en estado crítico por un conflicto entre el PAMI y las asociaciones que prestan servicio de diálisis, quienes solicitan la necesidad urgente de ajustar el valor del tratamiento. La obra social del Estado representa a un tercio de los pacientes que reciben diálisis en la Argentina, por lo que la falta de acuerdo económico impacta en la atención y la supervivencia de los 470 centros nacionales que proporcionan el servicio.

Tras intentos fallidos de diálogo con las autoridades del PAMI -conducido por Luana Volnovich-, la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra), la Cámara Argentina de Productos y Servicios de Terapia Renal, la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires y otras agrupaciones afines advirtieron que dejarán de incorporar nuevos pacientes, a fin de preservar la atención de aquellos que están en curso. Se estima que, por mes, se incorporan al tratamiento entre 100 y 300 pacientes, a nivel país.

"Es un problema que atañe no solo a los 10.375 pacientes de diálisis que dependen del PAMI, sino al universo total, ya que han desaparecido muchos centros, y, otros tantos, tienen riesgo de cerrar", explicó a LA NACION Alfredo Casaliba, presidente de la Asociación Regional de Diálisis, quien indicó, también, que más entidades públicas deben dinero a los prestadores: "Incluir Salud Buenos Aires tiene un año de atraso en los pagos, y debe más de 400 millones de pesos. En mayo, el IOMA nos prometió un aumento del 10% en las prestaciones y la inclusión de un módulo Covid-19; nunca lo hicieron ni nos volvieron a recibir".