La movilización está prevista para hoy a las 11 en la plaza 25 de Mayo y se replicará en todo el país. Cuestionan los cambios previstos en el presupuesto 2027, especialmente sobre el nomenclador de prestaciones.
La discusión por el Presupuesto Nacional 2027 llevará hoy a prestadores, familias y organizaciones vinculadas con la discapacidad a las calles. En Corrientes, la concentración será a las 11 en la plaza 25 de Mayo como parte de una jornada simultánea en todo el país.
La nueva protesta fue convocada por la Asociación Civil de Prestadores de Discapacidad Unidos ante los cambios incluidos en el proyecto enviado al Congreso. Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la modificación del Nomenclador de Prestaciones Básicas, que establece valores de referencia para tratamientos, traslados en todo el país.
Marcela Kriskovich, presidenta de la entidad, explicó que ese mecanismo permite sostener una referencia común. "Lo del presupuesto preocupa un montón porque hay muchos artículos que se sacan; el nomenclador es lo que más me preocupa", afirmó.
Según la referente, la desregulación permitiría que cada financiador establezca cuánto reconoce por una prestación. "Si esto se desregula, van a quedar muchas personas fuera del sistema porque la obra social es la que va a fijar el costo del nomenclador", advirtió. En Corrientes, los prestadores trabajan con obras sociales, Pami, Incluir Salud y la obra social de la provincia, Ioscor.
Kriskovich sostuvo que, si las coberturas reconocen montos inferiores al costo real, las diferencias podrían trasladarse a las familias. "Lo que tienen que tomar conciencia es que, si este presupuesto sigue, ¿qué esperás que hagan las provincias?", planteó. Podría configurarse un sistema desigual, con familias capaces de pagar las diferencias, otras obligadas a elegir qué terapias continuar y personas que queden sin determinados tratamientos. "El que pierde es la persona con discapacidad", resumió.
El reclamo se produce en un contexto de dificultades económicas para los prestadores. Kriskovich señaló que una prestación mínima en consultorio ronda los $30.000, mientras se reconocen $20.000, con pagos que pueden concretarse a 90 días. También reclamó fortalecer el Fondo Solidario, que financia prestaciones de alto costo.
La movilización que se replicará en todo el país busca que el Congreso revise las modificaciones previstas mientras continúa el debate del Presupuesto 2027. Aunque trascendió que el oficialismo analiza cambios en el capítulo cuestionado, las organizaciones mantienen ahora la convocatoria hasta conocer el texto definitivo.
El reclamo también podría trasladarse de las calles a la Justicia. Kriskovich conversó con abogados de Corrientes y otras provincias para evaluar los pasos a seguir si los cambios avanzan. "Si esto continúa se viene un amparo colectivo", anticipó en declaraciones a radio Dos. Esa presentación judicial es la próxima medida que analiza el sector si el tratamiento legislativo no modifica los puntos que considera perjudiciales para el acceso y continuidad de las prestaciones.
Discapacidad: vuelven a marchar y anticipan un amparo colectivo
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