2 | 2025-11-06 09:11:36

PREOCUPACIÓN EN EL ÁMBITO CIENTÍFICO Y AMBIENTALISTA
Fuerte rechazo al proyecto que reduce las distancias de fumigación

El genetista Luján Rodríguez pidió intervenir ante la iniciativa nacional que permitiría aplicar agroquímicos a solo 10 metros de viviendas y escuelas

La polémica por el denominado "Proyecto del Veneno" sumó en las últimas horas una nueva voz crítica desde Corrientes. El genetista y consejero del Consejo Consultivo Económico y Social (Cceds) Región 2, Luján "Lucho" Rodríguez, presentó un petitorio formal ante la presidencia del organismo solicitando su intervención urgente ante el avance del proyecto de ley nacional que busca reducir los límites de aplicación de agroquímicos.

La iniciativa, que ya fue debatida en las comisiones de Agricultura y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación, propone autorizar las pulverizaciones terrestres a solo diez metros y las aéreas a cuarenta y cinco metros de viviendas, escuelas rurales, cursos de agua y zonas habitadas. La propuesta desató el repudio de organizaciones sociales, científicas y ambientales, que la consideran "una amenaza directa a la salud pública y a los ecosistemas". Rodríguez fue contundente: "Este proyecto representa un verdadero atropello a la Constitución Nacional. Viola el artículo 41, que garantiza el derecho a un ambiente sano, y contradice todos los principios de protección ambiental consagrados por nuestra legislación".

PELIGROSA EXPOSICIÓN

El genetista explicó que la reducción de distancias "implicaría exponer a comunidades enteras a compuestos químicos altamente peligrosos" y remarcó que la iniciativa "no considera los estudios acumulados sobre los efectos de los fitosanitarios". Según detalló, "hay pruebas científicas suficientes que demuestran que los agrotóxicos actúan como disruptores endocrinos y metabólicos genéticos, alterando la expresión de genes esenciales y provocando enfermedades graves".

En el documento presentado al Cceds, Rodríguez enumeró patologías vinculadas a la exposición prolongada a agroquímicos: cáncer, Parkinson, Alzheimer, autismo, disfunciones tiroideas, celiaquía, alergias, deformaciones fetales y nacimientos sin vida, entre otras. "Son casos registrados, vidas estropeadas por la negligencia de un modelo productivo que prioriza la rentabilidad sobre la vida", subrayó.

LEY PROVINCIAL

Desde Colonia Liebig, donde coordina la Fundación Taragüí Porá, Rodríguez insistió en que el proyecto nacional "desconoce los avances logrados en Corrientes", donde la ley provincial vigente desde 1990 y su reglamentación de 1998 establecen un límite de mil metros para las fumigaciones aéreas. "Lo que se busca ahora es borrar con el codo lo que se construyó con años de lucha y conciencia ambiental", advirtió. El genetista explicó que el Consejo Consultivo Económico y Social está integrado por representantes de seis regiones y 69 organizaciones no gubernamentales.

"En este caso, incluso, hubo irregularidades en la votación del tema, porque participaron consejeros suplentes y asesores sin voz ni voto. Aun así, la mayoría coincidimos en que debemos pronunciarnos en defensa del ambiente y de la salud", aclaró. El petitorio insta al Cceds a pronunciarse de manera institucional y a exigir a los diputados nacionales por Corrientes que voten en contra del proyecto. "Necesitamos que nuestros representantes defiendan las leyes provinciales y el derecho de los correntinos a vivir en un ambiente sano", reclamó. Rodríguez sostuvo que "el Estado tiene la obligación indelegable de proteger la vida y la salud de sus habitantes", y que cualquier política pública debe regirse por el principio precautorio, consagrado en la Ley General del Ambiente N.º 25675. "Si existe riesgo de daño grave o irreversible, la ausencia de información científica completa no debe ser usada como razón para postergar medidas preventivas", recordó.

Para el referente de Taragüí Porá, la reducción de las distancias de fumigación "profundizaría el deterioro ambiental y sanitario en zonas rurales y periurbanas, donde ya se registran altos índices de enfermedades vinculadas a los pesticidas". Por eso, insistió en que el Consejo y las universidades "tienen el deber de pronunciarse con rigor científico y compromiso ético".

En su nota dirigida al presidente del organismo, Miguel Zaluski, el genetista pidió que el cuerpo "se expida públicamente en defensa del derecho constitucional a un ambiente sano" y que convoque a audiencias públicas con participación ciudadana, conforme a lo que establece la legislación vigente. "El debate sobre los agroquímicos no puede basarse en conveniencias coyunturales ni en la presión de los lobbies agrícolas. Debe sustentarse en evidencias científicas y en la protección de la vida humana", expresó.

Rodríguez recordó además que la Constitución de Corrientes reformada en 1993 incorporó el principio de preservación ambiental en su Preámbulo y que ese espíritu orienta el Plan Estratégico Participativo 2030, basado en el desarrollo sostenible. "Reducir las distancias de fumigación sería desconocer nuestra propia Carta Magna provincial", afirmó. El documento fue rubricado en Virasoro el 19 de octubre de 2025 y remitido a la presidencia del Cceds.

"Este pedido no responde a intereses personales, sino al deber ético de resguardar los derechos fundamentales consagrados por la Constitución. Confiamos en que el Consejo sabrá actuar con responsabilidad y celeridad", concluyó el genetista. La presentación de Rodríguez se suma a los pronunciamientos de múltiples organizaciones científicas y ambientales que exigen que la Argentina mantenga sus compromisos internacionales en materia de sustentabilidad, prevención y equidad intergeneracional.s

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