Capital será la más afectada con una pérdida de $4.318 millones. La reducción del Impuesto a las Ganancias del 35% al 31,5%, prevista en el artículo 191 de la reforma laboral, implica una caída directa en la masa coparticipable que reciben las provincias. Para Corrientes, la pérdida estimada en 2026 supera los $65.400 millones. A su vez, los municipios dejarían de percibir más de $12.400 millones, afectando de manera directa a las finanzas locales.
Actualmente se analiza una posible compensación a las provincias a través de la coparticipación del Impuesto al Cheque. Sin embargo, si esa compensación se instrumenta con afectación específica, solo alcanzaría al nivel provincial y no llegaría a los municipios, que no participan de recursos con destino específico. Además, si el objetivo es compensar a las provincias, resulta más razonable avanzar en una reducción del Impuesto al Cheque, que es un tributo claramente distorsivo para la actividad económica, en lugar de recortar el Impuesto a las Ganancias, que es un impuesto progresivo y central en cualquier sistema tributario equilibrado.
El distrito Capital a cargo de Claudio Polich lidera el ranking de los territorios que quedarían golpeados por la reforma, con una pérdida de reembolsos estimada en $4.318 millones. El puesto dos es para la ciudad de Goya a cargo de Mariano Hormaechea, con $992 millones; le sigue la comuna de Paso de los Libres a cargo de Agustín Faraldo afectado por $542 millones; en cuarto lugar se encuentra Mercedes, a cargo del Ejecutivo de esa comuna se encuentra desde el 10 de diciembre Víctor Cemborian, y tendrá una afectación de $453 millones; le sigue el municipio de Curuzú Cuatiá comandada por Verónica Espíndola, donde la afectación será de $446 millones.
Le sigue el municipio de Bella Vista con una pérdida de $417 millones; Gobernador Virasoro con $375 millones; Esquina $338 millones; Santo Tomé $322 millones; Monte Caseros $317 millones; Ituzaingó $277 millones; Saladas $225 millones; San Luis del Palmar $206 millones; Santa Lucía $204 millones; Empedrado $151 millones; Santa Rosa $135 millones; Mburucuyá $117 millones; San Roque $109 millones; La Cruz $108 millones; Sauce $105 millones; Itatí $104 millones; Alvear $89 millones; Caá Catí $87 millones; San Miguel $80 millones; y San Isidro $56 millones.
Son algunas de las proyecciones que compartió el ex senador provincial por Corrientes Martín Barrionuevo.
POSICIÓN DE LA FAM
Cabe señalar, que semanas atrás desde la Federación Argentina de Municipios (FAM), que nuclea a más de 500 intendentes de todo el país, advirtieron sobre las consecuencias de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Según detallaron, el proyecto no es nuevo en la Argentina y no genera empleos, sino que acelera despidos, denigra las relaciones laborales y afecta directamente las posibilidades de que las provincias y los municipios puedan proveer al bien común, ocupándose de todo aquello que "el mercado" jamás cubrirá.
La FAM remarcó que la iniciativa, denominada por el Gobierno como "modernización", no tiene nada de moderna. Recordaron que la Argentina ya atravesó una experiencia similar hace 25 años con un proyecto en el mismo sentido, conocido como la "Ley Banelco".
La reforma apunta a una precarización absoluta del trabajo, con caída de los salarios, debilitamiento total de la relación laboral, esquemas de contratación más frágiles, disminución de indemnizaciones, jornadas de trabajo de 12 horas, semanas de seis días laborales y vacaciones de una semana y casi nunca en verano. "Todo esto es, en realidad, retroceder 100 años, objetivo central de un gobierno que solo trabaja para la especulación financiera", sostuvieron.
Desde la FAM insistieron en que la ley no genera empleos, sino que acelera despidos y quita derechos a quienes conserven su trabajo. Las consecuencias, advirtieron, no solo afectan a los trabajadores, sino a toda la sociedad, ya que una menor masa salarial formal implica menos consumo estable y más precariedad, con impacto en toda la actividad económica.
El documento también señala que la reforma laboral propone modificar la estructura tributaria que sostiene el principio constitucional de federalismo sobre el que se apoya la República Argentina y que generará que los jóvenes no tengan futuro. A contramano de lo que sucede en el mundo, donde el desarrollo económico se construye con trabajo registrado y reglas claras.
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