Santarceri fue detenido junto a otros cinco sospechosos durante una serie de allanamientos realizados en distintas localidades de La Matanza y la zona sur del conurbano bonaerense.
Avanza la investigación por la clínica trucha de González Catan y este jueves se sumó un dato que puede ser revelador: se encontró una valija llena de sellos médicos en el baúl del auto del padre de Alberto Rubén Santarceri, el empresario de 57 años señalado como el dueño de “Argentina Salud”.
Según pudo saber TN, Santarceri fue detenido junto a otros cinco sospechosos durante una serie de allanamientos realizados en distintas localidades de La Matanza y la zona sur del conurbano bonaerense. Entre ellos también están su esposa y sus dos hijos.
De acuerdo con la investigación, los Santarceri aparecen mencionados en distintos puntos del expediente vinculados a inmuebles, vehículos y presuntas sedes operativas de la estructura bajo sospecha. La causa investiga el funcionamiento de consultorios, farmacias y ambulancias que habrían trabajado con documentación presuntamente irregular.
La investigación tomó impulso luego de la denuncia de una médica que aseguró que usaban su nombre, matrícula y sello sin autorización. A partir de esa presentación, la Justicia ordenó múltiples allanamientos y el secuestro de documentación, equipos informáticos, sellos médicos y vehículos.
Durante el operativo fueron detenidas 29 personas. Además de Santarceri, quedaron aprehendidos Noelia Sofía Edith Luna, Brian Marcelo Santarceri, Nicolás Alberto Santarceri, Gabriel Musse y Dunia Mercedes Suazo Pulido. Otras 23 personas fueron identificadas como investigados secundarios.
La investigación, que comenzó en febrero de este año, permitió identificar a una organización criminal que utilizaba la fachada sanitaria para dar apariencia legal a fondos de origen ilícito, principalmente vinculados a robos de camiones en rutas.
La causa
La causa está a cargo de la Unidad Fiscal Descentralizada N° 1 de Gregorio de Laferrere, encabezada por el fiscal Fernando Garate, con la intervención de la secretaría de Francisco Veiga. Las tareas investigativas fueron realizadas por la División Investigación del Robo Organizado de la Policía Federal, dependiente del Departamento Federal de Investigaciones.
La organización no solo se dedicaba al robo de mercadería, sino que montó una estructura paralela de atención médica que operaba sin las habilitaciones correspondientes del Ministerio de Salud bonaerense ni de las autoridades nacionales.
La supuesta prepaga ofrecía servicios a vecinos mediante consultorios, una farmacia propia y una flota de ambulancias que, de acuerdo con la investigación, no contaban con autorización. Los investigadores detectaron el uso sistemático de matrículas y sellos usurpados de más de 50 profesionales de la salud, además de la contratación de falsos médicos, camilleros y farmacéuticos. La operatoria se habría extendido durante al menos cinco años, desde alrededor de 2022.
La hipótesis central del expediente es que la fachada médica permitía blanquear dinero ilícito y, al mismo tiempo, generar ingresos adicionales mediante estafas a pacientes y al sistema de salud. Muchos de los afectados eran personas de bajos recursos que recurrían a estos centros por su aparente accesibilidad y bajo costo.
El caso se originó a partir de la denuncia de una médica cirujana que fue citada como testigo en un juicio por un siniestro vial en La Matanza pese a no haber intervenido jamás en la atención. Al constatar la usurpación de su identidad, la profesional radicó la denuncia que derivó en el megaoperativo.
