“En los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva Ley de Salud Mental”, anunció esta mañana el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cuenta social X.

Según pudo saber Infobae de fuentes del Ministerio de Salud de la Nación, se busca actualizar el marco normativo del sistema con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario y “proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre”.

El objetivo será superar las limitaciones actuales para el abordaje de casos de riesgo y emergencia, clarificando conceptos y criterios y adaptándolos a las necesidades asistenciales de cada jurisdicción.El relevamiento previo incluyó aportes de familiares, pacientes, profesionales de salud mental y actores judiciales y legislativos, donde se detectaron dificultades concretas en la práctica diaria.

Según señalaron a Infobae, uno de los principales problemas identificados es la falta de aplicación uniforme de la legislación actual en el país: solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley, 18 provincias cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas de internación, lo que genera desigualdades en el acceso a la atención.

Entre los cambios propuestos, el proyecto plantea reemplazar el término “padecimiento mental”, considerado ambiguo, por definiciones basadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades, “incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión”, según explicaron a Infobae.

Además, se redefine el criterio de riesgo, focalizándolo en “situaciones de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, con evaluación del contexto y antecedentes para permitir intervenciones preventivas.

Respecto a las internaciones, se mantiene el carácter de recurso excepcional, pero se prevé que el médico psiquiatra pueda indicar la internación involuntaria en casos urgentes, la cual deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario en 24 horas, y el plazo de notificación judicial se extenderá de diez a veinticuatro horas.

En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta y se considera que su capacidad está afectada, la internación podrá pasar a ser involuntaria con notificación a la Justicia.

El proyecto reconoce que el cierre de hospitales psiquiátricos, como impulsa la ley vigente, no siempre resulta posible por limitaciones de infraestructura, personal y seguridad, ya que actualmente existen 30 instituciones públicas monovalentes y al menos 139 privadas. Frente a esto, se propone fortalecer una red de atención en salud mental de distintos niveles de complejidad, incluyendo hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios y residencias asistidas.

Finalmente, se busca “fortalecer los sistemas de información, en particular el RESAM (Registro Nacional de Personas Internadas por motivos de Salud Mental) y el REFES (Registro Federal de Establecimientos de Salud), herramientas clave para conocer la capacidad instalada, disponibilidad de camas y cantidad de pacientes”, y ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, incorporando áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y SEDRONAR, para una mejor supervisión del sistema.

10 puntos claves de la Nueva Ley de Salud Mental, según el Ministerio de Salud

El proyecto del Ministerio de Salud busca actualizar la Ley de Salud Mental de 2010 para mejorar la respuesta sanitaria y proteger a pacientes y terceros, adaptando conceptos y criterios a las necesidades actuales de cada jurisdicción.
Para la elaboración del proyecto, se consultó a familiares, pacientes, profesionales y referentes judiciales y legislativos, lo que permitió detectar problemas concretos en la práctica.
La falta de aplicación uniforme genera desigualdades en el acceso a la atención, y la reforma apunta a garantizar servicios en todo el país.
Se propone reemplazar el término “padecimiento mental” por la Clasificación Internacional de Enfermedades para lograr mayor precisión diagnóstica.
El criterio de riesgo se redefine como “situación de riesgo de daño para la vida o integridad física”, considerando contexto y antecedentes para intervenciones más oportunas.
La internación seguirá siendo excepcional. El psiquiatra podrá indicarla en urgencias, con ratificación interdisciplinaria en 24 horas y notificación judicial en el mismo plazo. El alta voluntaria se revisará según la capacidad del paciente.
El proyecto advierte que el cierre de hospitales psiquiátricos y el traslado a hospitales generales no resulta siempre viable por falta de recursos y seguridad. La existencia de numerosas instituciones especializadas y episodios graves en hospitales generales muestran la necesidad de mantener la internación especializada en casos complejos.
Se propone fortalecer una red de atención en salud mental según la complejidad, integrada por hospitales especializados, generales, dispositivos ambulatorios, comunitarios y residencias asistidas.
Se plantea mejorar los sistemas de información (RESAM y REFES) para conocer recursos disponibles y planificar mejor el sistema.
El proyecto amplía la participación técnica del Ministerio de Salud en el órgano de revisión para fortalecer la supervisión y control.

En diciembre de 2025, Infobae anticipó que el Gobierno nacional planeaba impulsar nuevamente modificaciones a la Ley de Salud Mental durante las sesiones ordinarias de 2026.

En aquel momento desde el Ejecutivo señalaron que el proyecto podría cambiar puntos específicos de la normativa vigente, particularmente el artículo que regula las internaciones involuntarias, buscando que los jueces puedan autorizar hospitalizaciones en casos determinados.

Esta propuesta responde a pedidos de familias, profesionales y fuerzas de seguridad que han manifestado dificultades con la normativa vigente, la Ley26.657 de Salud Mental y Adicciones, que fue promulgada en diciembre de 2010y reglamentada en 2013, cuyo enfoque de desmanicomialización encontró límites en la práctica por la falta de dispositivos adecuados.

Desde los sectores que buscan adecuar y modernizar la normativa actual, se mencionan casos y testimonios de familiares de pacientes, como Marina Charpentier, madre del músico Chano Moreno Charpentier, para fundamentar la necesidad de revisar la ley.

Charpentier expresó en el Congreso: “La Ley Nacional de Salud Mental fue creada en 2010 sin la consulta de psiquiatras ni universidades. No aborda la realidad de las familias que sufren estas enfermedades”. Además, criticó el presupuesto asignado a salud mental, calificando como insuficiente el 10% destinado del total de salud.