Marcela Kriscovich, referente de Prestadores de Discapacidad Unidos (PDU), cuestionó con dureza la iniciativa oficial al considerar que implica "un total retroceso". Según explicó, uno de los puntos más sensibles es la desregulación de los aranceles, lo que permitiría fijar valores sin referencia al nomenclador vigente. "El Estado podría pagar lo que considere y la diferencia recaería en las familias o directamente dejaría a muchos fuera del sistema", advirtió.
La dirigente también alertó sobre el reempadronamiento obligatorio de beneficiarios, al que calificó como "una locura" por la carga burocrática y emocional que implicaría para quienes ya atravesaron esos procesos. A esto se suma la posibilidad de incompatibilidades entre empleo y pensiones, lo que, según sostuvo, atentaría contra la inclusión laboral.
En paralelo, el sector denuncia una deuda acumulada de varios meses por parte de programas nacionales y obras sociales. "Hay instituciones que ya no pueden sostenerse, se cortó la cadena de pagos y peligra la continuidad de las prestaciones", señaló Kriscovich, quien remarcó que la mayoría de los prestadores aún no percibió los pagos comprometidos.
La preocupación también alcanza a las familias, que temen quedar expuestas a mayores costos para sostener tratamientos, acompañamientos terapéuticos, transporte y asistencia integral. Desde PDU sostienen que, de avanzar la reforma, muchas prestaciones podrían dejar de ser cubiertas en su totalidad, trasladando el peso económico a hogares que en muchos casos ya atraviesan una situación delicada.
En este contexto, la protesta formó parte de un plan de lucha más amplio que incluye acciones legales contra funcionarios nacionales. Desde el sector sostienen que las medidas en discusión no solo profundizan la crisis económica, sino que además vulneran derechos adquiridos. Por eso, convocan a la comunidad a acompañar el reclamo y advierten que está en juego la atención de uno de los sectores más vulnerables.
Además de la marcha en Corrientes, el reclamo se replica en distintos puntos del país, con manifestaciones y presentaciones judiciales para exigir respuestas urgentes. Los prestadores insisten en que la emergencia no es solo financiera, sino también humana, ya que la falta de recursos pone en riesgo la continuidad de terapias, rehabilitaciones y servicios esenciales para miles de personas.
Desde el colectivo remarcaron que la movilización busca también interpelar a la sociedad sobre la necesidad de defender derechos conquistados durante años. "La discapacidad no puede ser la variable de ajuste", sostienen, al tiempo que piden que se garantice la ley vigente y se regularicen de inmediato los pagos adeudados.
