Acorralado por graves cargos de encubrimiento y participación necesaria, el exjefe policial romperá el silencio este jueves y promete dar nombres claves. La expectativa en torno a la declaración indagatoria y testimonial de Maciel es absoluta, ya que su situación procesal se ha ido deteriorando de forma drástica con el correr de las audiencias.
El debate oral y público por la desaparición del pequeño Loan Danilo Peña, un caso que mantiene en vilo a la sociedad desde el fatídico 13 de junio de 2024 en el paraje rural 9 de Julio, ingresó en su etapa más crítica y decisiva en el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Tras semanas de audiencias marcadas por testimonios cruzados e incidentes procesales en las instalaciones del Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional, todos los cañones mediáticos y judiciales apuntan ahora de manera excluyente hacia la figura del excomisario Walter Adrián Maciel. En medio de un clima de extrema tensión institucional, su abogado defensor, Richard Vallejos, sacudió el tablero judicial al confirmar formalmente que el exjefe policial romperá el silencio y declarará este jueves 10 de septiembre, instancia en la cual -según anticipó la propia defensa- se darán a conocer nombres y detalles reveladores que apuntarían directamente contra los verdaderos responsables materiales e intelectuales de la sustracción del menor.
La expectativa en torno a la declaración indagatoria y testimonial de Maciel es absoluta, ya que su situación procesal se ha ido deteriorando de forma drástica con el correr de las audiencias. Quien fuera el máximo responsable de la comisaría local cuando ocurrió el extravío del niño de cinco años tras un almuerzo familiar en la casa de su abuela, fue apartado de sus funciones apenas ocho días después de iniciados los rastrillajes. La acusación del Ministerio Público Fiscal, que en los albores de la instrucción se limitaba a un presunto encubrimiento por irregularidades administrativas, escaló con contundencia hasta ubicarlo formalmente como coautor y partícipe necesario en el ocultamiento de Loan, sosteniendo los fiscales que sin su deliberada y activa intervención institucional el plan criminal jamás se habría ejecutado ni encubierto con tanta impunidad.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, Maciel lideró un esquema sistemático de desinformación y entorpecimiento durante las horas más críticas posteriores a la desaparición. Los testimonios de sus propios subordinados y las pruebas recolectadas señalan que el excomisario demoró deliberadamente la activación de los protocolos formales de búsqueda, ordenó un repliegue prematuro de los rastrillajes basándose en pistas falsas y facilitó la alteración de la escena donde mágicamente apareció una zapatilla del niño, con el perverso fin de desviar la atención de los sabuesos hacia un sector descampado y erróneo. A ello se suman graves imputaciones por la confección de citaciones falsas, la retención ilegal de teléfonos celulares particulares sin orden judicial y la controvertida firma que permitió a María Victoria Caillava y Carlos Pérez abandonar la provincia sin impedimentos en plena investigación.
Ante este panorama adverso, la estrategia que desplegará su defensa este jueves busca desmarcar al exfuncionario policial de la ejecución directa del delito y reposicionarlo, según adelantaron fuentes vinculadas al letrado Vallejos, como un eslabón que revelará cómo se tejió el pacto de silencio y quiénes detentan la responsabilidad central de la trama. Esta jugada procesal promete dinamitar las coartadas de otros coimputados y reordenar el tablero de responsabilidades dentro de un expediente que acumula derivaciones complejas, como el reciente revuelo en torno a la captura y posterior desmentida de la denominada "falsa perito" en la provincia de Mendoza.
Paralelamente, el desarrollo del juicio debió lidiar con otros ribetes de alto voltaje, como el firme descargo del presidente del tribunal, el juez Fermín Amado Ceroleni, quien rechazó de plano los intentos de recusación y reafirmó la imparcialidad del cuerpo colegiado: "Muy lejos estoy de tener animosidad con alguna de las partes; nosotros no estamos para agradar a nadie, venimos a juzgar", aseveró con contundencia. Asimismo, el Tribunal escuchó las declaraciones de efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) sobre custodias y presuntos aprietes de personajes vinculados al entorno, y ordenó la reproducción a puertas cerradas de un delicado audio donde los hijos de otros imputados habrían comentado detalles del momento en que recolectaban naranjas.
El entramado de encubrimiento, inteligencia paralela y hostigamiento
La situación procesal del excomisario Walter Maciel no se sostiene únicamente sobre los cargos de negligencia operativa, falsificación de registros públicos o el deliberado desvío de los rastrillajes iniciales durante las horas posteriores a la desaparición de Loan Danilo Peña, sino que se nutre y sustenta sobre un robusto, oscuro y perverso andamiaje de inteligencia paralela, espionaje ilegal y hostigamiento sistemático urdido desde las entrañas mismas de la comisaría de la localidad de 9 de Julio. Testimonios estremecedores incorporados formalmente al debate oral por el Tribunal Federal de Corrientes revelaron que el exjefe policial transformó la dependencia de seguridad en un centro de operaciones destinado a amedrentar a vecinos, familiares y testigos clave que intentaban acercar pistas verídicas a la Justicia.
Suboficiales y agentes subalternos que cumplían órdenes bajo su mando directo declararon ante los jueces que Maciel les exigía realizar recorridas encubiertas y constantes seguimientos por establecimientos educativos, hospitales y centros de salud de la zona, con la misión específica de fotografiar, requisar antecedentes y confeccionar planillas detalladas con los nombres, números de documentos de identidad, domicilios particulares y líneas telefónicas de docentes, médicos, enfermeros y ciudadanos comunes que mantenían cualquier tipo de vínculo de cercanía o solidaridad con el entorno íntimo de la familia del menor desaparecido.
Esta estructura de espionaje doméstico no se limitaba a la recolección clandestina de datos personales, sino que operaba activamente mediante amenazas directas, coacciones y advertencias intimidatorias dirigidas a disuadir a los habitantes locales de participar en marchas públicas o de aportar información que contradijera la versión oficial impulsada desde la seccional policial en los primeros días del caso.
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