Decidido a avanzar como sea con las dos medidas centrales del inicio del mandato, que generaron un terremoto político, el Gobierno avanzará “a todo o nada” con el DNU de desregulación de la economía y la ley Ómnibus. Duros en la posición de arranque de la negociación, empujan para aprobar el proyecto durante las sesiones extraordinarias y advierten que no están dispuestos a extender el período ni a hacer grandes concesiones.

Usarán como principal moneda de cambio el postergado proyecto para dar marcha atrás con la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, una medida clave para los gobernadores que Javier Milei se había comprometido a impulsar asumiendo el costo político, pero que no presentará hasta que no le hayan asegurado respaldo.

“No se trata de un chantaje, es parte de la negociación política. Sería naif darles esa ayuda antes de que salga lo otro”, dijo, con tranquilidad, un funcionario del círculo del Ejecutivo. Hace diez días, en la reunión que le organizó el ministro del Interior, Guillermo Francos, con todos los gobernadores, el primer mandatario se había comprometido a revertir el tributo coparticipable, recortado durante la campaña de Sergio Massa para desgracia de los caciques del interior, cuyas economías dependen de esos fondos.

El Presidente les dijo, literalmente, que estaba dispuesto a “asumir el costo político” de dar marcha atrás con el alivio fiscal para 800.000 contribuyentes, que él mismo había votado en línea con el peronismo en septiembre, cuando era diputado. Sin embargo, y no casualmente, omitió definir el momento en que lo presentaría. Al día siguiente, los gobernadores vieron que no se había incluido el tema en el DNU de desregulación de la economía. Y, días después, que no había aparecido en el articulado del inmenso proyecto de ley llamado “Bases para la Libertad”. En la Casa Rosada informaron hoy que la fecha para avanzar dependerá de las negociaciones en el Congreso por los temas que más le importan a Milei.

En resumen, el Ejecutivo usará Ganancias para condicionar a las provincias y, en consecuencia, a los senadores y diputados, de quienes depende que el DNU no se frene en la Comisión Bicameral y que el proyecto de ley ómnibus se apruebe. Como mínimo, no entraría en el período de sesiones extraordinarias, por lo que no vería la luz, al menos, hasta febrero.

El manejo de los tiempos del proceso parlamentario es central en estrategia del jefe de Estado, que busca acelerar con el argumento de la emergencia, aunque en el fondo yace la urgencia de avanzar antes de que las consecuencias sociales del ajuste empiecen a caldear los ánimos de la opinión, un escenario que vislumbran y consideran inevitable. La fijación del 31 de enero como fin de las Extraordinarias fue justamente para no darles margen a los legisladores para estirar el debate. Y avisan que no cederán. Por caso ayer varios legisladores opositores moderados avisaron que el debate las iniciativas del oficialismo, por su envergadura y alcance, llevaría como mínimo tres o cuatro meses. En la Nación consideraron esos cálculos irrisorios. “Estamos en emergencia, no hay ningún tipo de posibilidad”, reaccionó un colaborador de Milei. E informó que no dudarán en usar “otras herramientas constitucionales”, como un nuevo decreto o un plebiscito si no obtienen respaldo suficiente en el Congreso.

En el entorno del primer mandatario explican que sus ambiciones en el Congreso están planteadas “a todo o nada”, y que sólo están dispuestos a introducir modificaciones “menores”. Por ejemplo, en la redacción del articulado del proyecto de ley sobre el manejo de los recursos energéticos, que puso en alarma a las provincias petroleras. Pero los grandes temas, como los tributarios, jubilatorios, y sobre privatizaciones, entre otros, no son negociables. Y se muestran optimistas sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos para alcanzar la mayoría simple, negociaciones mediante. Sin embargo, muy por lo bajo admiten que los temas que requieren mayoría especial, como la ambiciosa reforma política, serán más complicados de pasar, y admiten que quizá deban sacrificarlos. Y dejaron la puerta abierta a reconfigurar los temas que afectan a los sindicatos.

En Balcarce 50 aseguran que no todos los gobernadores del PJ que se sumaron al pataleo están fuera de sus cálculos. “Hay muchos que nos llaman y nos aclaran que están de acuerdo con abrir la economía, porque lo necesitan para explotar sus recursos y desarrollarse. Pero tienen que responder a sus fuerzas políticas. Veremos qué terminan haciendo”, deslizaron en la sede gubernamental, en alusión a los mandatarios peronistas que firmaron el documento de “la liga” para pedir que coparticipe el impuesto el cheque en lugar de volver a la versión anterior de Ganancias, con el argumento de que perjudicaría a los trabajadores.

En estricto off the record, en Gobierno apuntaron contra Kicillof, heredero de Cristina Kirchner, que se posiciona como virtual líder de la postura de rechazo. “Algunos gobernadores de provincias grandes tienen posturas antiguas, retrógradas”, deslizaron, sin nombrarlo. Una reunión como la que ocurrió hace dos semanas en Casa Rosada con los 24 mandatarios, incluido el bonaerense, sería más difícil de concretar hoy, admiten. Pero agregan que las tensiones no los preocupan. “Planteamos el punto de partida para empezar a negociar. Ahora que vengan”, dijeron.