En la Casa Rosada reconocen que el objetivo es introducir cambios durante la sesión para destrabar los capítulos vinculados a discapacidad y financiamiento universitario, que generaron resistencias en su redacción original.
El Gobierno reúne a la mesa política y define cómo impulsará una contrapropuesta por Discapacidad y Universidades dentro del Presupuesto 2026. Del encuentro participan el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, la senadora Patricia Bullrich, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial Santiago Caputo.
La reunión está enfocada en definir la estrategia parlamentaria en el Senado, luego de que el oficialismo avanzara con el dictamen del proyecto presupuestario. En la Casa Rosada reconocen que el objetivo es introducir cambios durante la sesión para destrabar los capítulos vinculados a discapacidad y financiamiento universitario, que generaron resistencias en su redacción original.
La contrapropuesta que evalúa el Ejecutivo apunta a reemplazar los textos vetados por un esquema con impacto fiscal reducido. En discapacidad, el Gobierno descarta crear una nueva pensión y propone mantener el régimen vigente, con una compensación retroactiva para prestadores. En universidades, propone un aumento del 20% en los gastos de funcionamiento y una actualización salarial escalonada, con revisión posterior.
Según explican fuentes oficiales, la definición pasa por cómo articular esos cambios en el recinto para asegurar los votos necesarios en la Cámara alta y evitar que vuelva a rechazarse. La estrategia incluye negociaciones con bloques aliados y la posibilidad de modificar artículos en plena sesión, con el objetivo de avanzar con el Presupuesto sin ceder en las metas fiscales.
En el Gobierno mantienen la postura de que no aplicarán bajo ningún aspecto las leyes originales de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, más allá de que impulsen una contrapropuesta para modificarlas. En Nación aseguran que la iniciativa de cambios en el texto no implica un reconocimiento de las normas sancionadas por el Congreso, y enfatizan que la postura oficial es que siguen sin vigencia tras los vetos.
La propuesta que tiene en carpeta el Ejecutivo mantiene la declaración de emergencia en discapacidad, pero descarta la creación de una nueva pensión no contributiva. En su lugar, el oficialismo propone sostener el régimen vigente de pensión por invalidez laboral, fijar el haber en el 70% de la jubilación mínima y permitir la compatibilidad con empleo formal, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos.
En el capítulo universitario, la iniciativa oficial reemplaza la actualización automática por inflación por un esquema más acotado. La propuesta prevé un aumento del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades y una recomposición salarial escalonada, con un incremento del 5% desde diciembre de 2025 y subas mensuales del 2% entre enero y abril de 2026. Además, se incorpora una cláusula de revisión en junio, aunque sin una obligación legal de compensar íntegramente la variación del IPC.
La discusión se da en un contexto de nuevas tensiones internas dentro de la Casa Rosada, luego del revés que sufrió el oficialismo en Diputados. En Balcarce 50 conviven versiones cruzadas: mientras en un sector aseguran que no estaban los votos para aprobar el articulado, en otro sostienen que esperaban la media sanción hasta último momento. La derrota derivó en reproches internos por la estrategia legislativa y por la inclusión de artículos sensibles.
