Los gremios universitarios y docentes de la UBA exigen el cumplimiento inmediato de un fallo judicial que ordena recomponer salarios y actualizar becas estudiantiles.

La Asociación Gremial Docente (AGD) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anticipó que el ciclo lectivo 2026 corre el riesgo de no iniciar. La medida de fuerza depende de que el presidente Javier Milei acate la Ley de Financiamiento Universitario. Reclaman la aplicación efectiva de la norma tras el reciente revés judicial para el Poder Ejecutivo Nacional.

"Si no pagan lo que marca la ley, no empiezan las clases", sentenciaron las autoridades de AGD-UBA a través de un comunicado oficial. El texto remarca que la medida cautelar obliga a la administración libertaria el cumplimiento de la normativa. El gremio solicita al Ejecutivo que "pague inmediatamente el 46% que nos adeuda".

En declaraciones a El Destape, el dirigente Antonio Rosselló, miembro de las Mesas Ejecutivas de AGD-UBA y la Conadu Histórica, explicó el alcance de la demanda laboral y presupuestaria: "El gobierno inmediatamente debe acatar la resolución judicial y tendría que pagar un incremento salarial a los trabajadores docentes y no docentes", detalló el representante. Exigió también "el incremento del presupuesto de las universidades nacionales, las becas estudiantiles y los gastos de funcionamiento".

Rosselló manifestó sus poca confianza sobre la voluntad del oficialismo para aplicar la resolución del magistrado federal. "Tenemos nuestras dudas que el gobierno lo aplique, no solo por la vía de la apelación hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, sino porque en este momento, de acuerdo a lo dictaminado por el juez federal de Campana, el gobierno no aplica la Ley de Emergencia en Discapacidad", detalló sobre el precedente cercano.

El docente también recordó que la Cámara de Diputados ratificó esta ley en cuatro oportunidades distintas durante los últimos meses, que el conflicto atravesó vetos presidenciales y que hubo discusiones presupuestarias que eliminaron capítulos clave para el sector educativo.
Universitarios mantienen el estado de alerta frente a la erosión persistente de su poder adquisitivo, por lo que esperan una respuesta formal a la brevedad. Está en juego el inicio de las mesas de examen y la planificación del próximo año.

El fallo judicial que ordena la actualización de los salarios

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el Consejo Interuniversitario Nacional. La resolución ordena dar cumplimiento a los artículos 5° y 6° de la Ley de Financiamiento Universitario para recomponer haberes y becas. El magistrado declaró "inaplicable" el decreto 795/2025 mediante el cual el Poder Ejecutivo intentó suspender la ejecución de la norma.

El magistrado consideró que existe un supuesto de "arbitrariedad e ilegalidad manifiesta" por parte de la autoridad pública. Cormick sostuvo que la omisión del Gobierno lesiona derechos constitucionales relacionados a la educación y la autonomía institucional. El fallo exige al Estado Nacional que garantice las partidas necesarias de acuerdo a la Ley.