La diputada provincial Sofía Brambilla presentó un proyecto de ley para crear un organismo técnico permanente en el ámbito del Poder Legislativo, que evaluará el impacto fiscal de cada iniciativa antes de su tratamiento parlamentario.
La propuesta apunta a un problema concreto y conocido del trabajo legislativo: la aprobación de normas que crean gasto público o reducen recursos sin una estimación precisa de su costo ni una identificación clara de las fuentes de financiamiento.
“Necesitamos legislar con pleno conocimiento del impacto económico de nuestras decisiones. La responsabilidad fiscal no es una opción, es una obligación con los correntinos”, sostuvo Brambilla al fundamentar la iniciativa.
Cómo funcionará
Todo proyecto de ley que implique creación o incremento de gasto, reducción de recursos o cualquier efecto fiscal deberá ser remitido a este nuevo organismo, que contará con 20 días hábiles para emitir un informe técnico de impacto presupuestario. Los informes será obligatorios en su emisión pero no vinculantes en su contenido, preservando la potestad decisoria de los legisladores, y de acceso público a través de los sitios web oficiales de ambas Cámaras.
Un organismo con respaldo técnico e independencia Estará a cargo de un Director General designado por concurso público de oposición antecedentes, con un Comité Evaluador integrado por representantes de ambas Cámaras, la Universidad Nacional del Nordeste y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia. El cargo durará cinco años y exigirá título universitario en ciencias económicas y experiencia comprobada en materia presupuestaria, fiscal o de políticas públicas.
El proyecto también crea una Comisión Bicameral de Asuntos Presupuestarios encargada de supervisar su funcionamiento y aprobar el plan anual de trabajo.
Antecedente nacional
La iniciativa se inspira en la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, creada por la Ley 27.343, adaptando sus principios a la realidad institucional de Corrientes.
“Fortalecer al Poder Legislativo con herramientas técnicas propias es reducir la asimetría con el Ejecutivo y mejorar la calidad de nuestras leyes. Es un paso hacia una legislación más responsable, informada y sustentable”, concluyó Brambilla.
