La denuncia de la central obrera ahora la tratará la Cámara en lo Contencioso Administrativo y no la justicia del trabajo.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal se declaró competente para intervenir en la demanda de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral y ordenó que el expediente sea remitido desde el fuero laboral. De esta manera, el Gobierno consiguió un nuevo fallo favorable en la Justicia en medio de la disputa por la validez de la norma.

La decisión fue firmada por los camaristas Rogelio Vicenti y Marcelo Duffy, que sostuvieron que, en los términos en que fue planteada la demanda, el Estado fue cuestionado en su rol de legislador y que el reclamo se basa directamente en la Constitución Nacional, leyes federales y tratados internacionales. Por ese motivo, concluyeron que la causa debe tramitar en el fuero contencioso administrativo.

El conflicto se originó a partir de la presentación de la CGT, que pidió declarar la inconstitucionalidad de varios artículos de la reforma aprobada por el Congreso. Al contestar la demanda, el Gobierno solicitó el cambio de fuero al considerar que se trataba de una controversia contra el Estado y no de un conflicto entre empleadores y trabajadores.

Pese a que el fiscal había dictaminado que el caso debía seguir en la justicia laboral, la Cámara falló en sentido contrario y respaldó el planteo del Ejecutivo. Se trata del segundo avance judicial para la gestión de Javier Milei en este tema, luego de que se reactivara la vigencia de la reforma mientras se discute el fondo de la cuestión.

En su resolución, los jueces también cuestionaron el trámite adoptado en el fuero laboral y señalaron que generó un conflicto innecesario que afecta la celeridad del proceso. Por eso, ordenaron que el expediente continúe su curso en el fuero contencioso administrativo.

El antecedente inmediato fue la decisión de la jueza federal Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°12, que había aceptado el planteo de inhibitoria presentado por el Ministerio de Capital Humano. Ese fallo fue clave para que ahora la Cámara confirmara la competencia de este fuero.

En paralelo, el Gobierno argumentó que la CGT impugnó la ley sin señalar un perjuicio concreto derivado de su aplicación. Según el Ejecutivo, la mera vigencia de la norma no genera un daño actual que justifique la intervención judicial.

Además, los representantes del Estado cuestionaron la legitimación de la central obrera para impulsar una acción colectiva de este tipo. Sostuvieron que, como entidad de tercer grado, la CGT no puede representar de manera automática a todos los trabajadores sin demostrar una afectación específica ni cumplir los requisitos exigidos para este tipo de demandas.