La Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes difundió un comunicado en el que manifestó su “preocupación y disconformidad” frente a la “falta de respuesta y acción” atribuida al fiscal Facundo Sotelo en un procedimiento vinculado a delitos rurales reiterados.
El pronunciamiento surge a partir de una situación concreta que, según la entidad, expone dificultades en la articulación entre el sistema judicial y las fuerzas de seguridad que operan en zonas productivas de la provincia.
De acuerdo con lo expresado por la Asociación, el episodio que motivó el reclamo involucra a cinco unidades de la Policía Rural que permanecieron durante más de 24 horas a la espera de instrucciones judiciales para proceder a la aprehensión de personas identificadas como delincuentes rurales reincidentes. La entidad remarcó que la ausencia de directivas oportunas impidió avanzar con las actuaciones correspondientes, a pesar de que el personal policial se encontraba desplegado en el territorio.
El comunicado subraya que este tipo de demoras genera un impacto directo en la eficacia de los operativos de seguridad rural, especialmente en una provincia donde la actividad agropecuaria constituye un pilar central de la economía regional. Según la Asociación, la falta de respuestas ágiles en instancias judiciales compromete la prevención y persecución del delito en áreas rurales, donde las distancias y la logística ya representan desafíos adicionales para el accionar del Estado.
Asimismo, la entidad señaló que la situación no solo afecta el desarrollo de procedimientos específicos, sino que también produce un efecto desalentador en el trabajo cotidiano de las fuerzas de seguridad. En este sentido, advirtió que la reiteración de episodios similares puede erosionar la confianza en el funcionamiento institucional y debilitar el Estado de derecho en una región que requiere mecanismos de respuesta eficaces y coordinados.
EL ROL DE LA JUSTICIA Y LA DEMANDA DE COORDINACIÓN
En el comunicado, la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes destacó el trabajo de campo que realiza la Policía Rural, al que describió como constante y comprometido frente a la problemática del delito en zonas productivas. Sin embargo, aclaró que ese esfuerzo se ve condicionado cuando los hechos deben ser judicializados y no se obtienen definiciones en los tiempos que la situación demanda.
La entidad remarcó que la intervención judicial resulta una instancia clave para dar continuidad a los procedimientos iniciados por las fuerzas de seguridad, especialmente en casos que involucran a personas con antecedentes o conductas reiteradas. En ese marco, la falta de órdenes para avanzar con aprehensiones es interpretada como un obstáculo que limita la efectividad del trabajo preventivo y operativo realizado en el territorio.
El pronunciamiento también pone el foco en la necesidad de una coordinación fluida y permanente entre la justicia y las fuerzas de seguridad rural. Según la Asociación, la articulación institucional es un elemento central para garantizar respuestas rápidas y coherentes frente a los delitos que afectan al sector agropecuario y a las comunidades que dependen de esa actividad.
Finalmente, la Asociación instó a las autoridades competentes a restablecer una coordinación efectiva entre el sistema judicial y las fuerzas de seguridad rural, con el objetivo de asegurar que los procedimientos puedan desarrollarse sin demoras injustificadas.
Momarandú
