Son aspectos similares a los que ya acordaron el Gobierno con los rectores; los gremios universitarios, no obstante, reclamarán un 32,5% de suba; el asunto se resolverá en primera instancia

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que obliga a pagar un incremento salarial del personal docente y no docente en las universidades, llamar a paritarias e incrementar el presupuesto para becas previsto en la ley de financiamiento universitario aprobada en el Congreso de la Nación en agosto de 2025.

Así lo hizo al rechazar el recurso extraordinario que había presentado el Gobierno contra el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que había convalidado el pago como medida cautelar.

En la práctica, el fallo de la Corte deja firmes aspectos similares a los que acordaron el Gobierno, los gremios y los rectores en un acta del 10 de junio último, cuando se pusieron de acuerdo sobre un ajuste salarial, aunque el sector universitario no desistió de su reclamo judicial por el cumplimiento efectivo de la ley votada en el Congreso. Según pudo saber LA NACION, los gremios universitarios exigirán una recomposición salarial del 32,5% a partir del fallo judicial conocido hoy.

“Hoy la Corte Suprema reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. Gracias a una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social y herramienta central para el desarrollo del país y el futuro de todos. Luchar por lo correcto siempre vale la pena”, declaró el vicerrector de la UBA Emiliano Yacobitti en X.

La vigencia del reclamo universitario es porque subsisten diferencias entre lo que dice el texto de la ley, que ahora debe aplicarse, y el acta de recomposición salarial acordada entre los rectores, los gremios y el Gobierno.

El fallo de hoy obliga a cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Educativo, que dispone pagar actualizaciones salariales desde 2023 a la fecha y aumentar las Becas Progresar.

Sin embargo, el acuerdo salarial firmado se refiere a una recomposición menor y solo de las Becas Manuel Belgrano, que son diferentes a las anteriores.

La propuesta en el acta acuerdo es un aumento salarial del 24,33%, a pagarse así: 21,33% en junio y un 3% adicional en octubre. Esta actualización contempla la recomposición de 2025, la actualización en función de la inflación hasta mayo de 2026 y una recomposición del 7% a cuenta de la pérdida de poder adquisitivo de 2024

Esta es la principal diferencia con la ley aprobada y sostenida por el Congreso, en la que se reconocía más dinero, ya que se hablaba de una recuperación salarial desde el 1° de diciembre de 2023.

Además, el acuerdo contempla un 20% de aumento para los gastos de funcionamiento y un 50% para las becas Manuel Belgrano, exclusivas para carreras universitarias o terciarias vinculadas a áreas estratégicas, que se mantienen congeladas en $81.685 desde 2024. No habla el acuerdo de las becas Progresar.

Ante esta diferencia, fuentes educativas señalaron a LA NACION que van a reclamar más fondos que los acordados en el acta con el Gobierno firmada hace dos semanas.

El fondo del juicio —es decir, si es constitucional o no el decreto que suspende la ejecución de la ley de financiamiento universitario— se está discutiendo en un juzgado de primera instancia de Martín Cormick, que está próximo a resolver.

El argumento de la Corte para rechazar el recurso extraordinario contra la medida cautelar es que no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable. Por eso es que el rechazo del recurso del Gobierno deja firme el fallo anterior, que implica que se cumpla la medida cautelar y se pague lo que manda la nueva ley.

La ley de financiamiento educativo fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto del año pasado. El presidente Javier Milei vetó esa ley y tras multitudinarias marchas universitarias en todo el país, el Congreso insistió con su ley y la sostuvo en ambas cámaras.

Ante la derrota legislativa, Milei firmó un nuevo decreto en el que la promulgó, pero dijo que no la podía cumplir porque no contemplaba la fuente de financiamiento de los incrementos.

Ante el incumplimiento de la ley, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIM), que reúne a los rectores de las casas de estudio nacionales, planteó una acción en la que piden declarar la inconstitucionalidad del decreto de Milei y el dictado de una medida cautelar que obligue al Gobierno a pagar los aumentos establecidos.

El juez Cormick hizo lugar a la medida cautelar y ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la ley referidos a las actualizaciones salariales y de las becas.

El Gobierno apeló y la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de primera instancia y ratificó la medida cautelar a favor de las universidades.

El Poder Ejecutivo entonces recurrió a la Corte Suprema de Justicia mediante la presentación de un recurso extraordinario que hoy fue rechazado.

Incluso pidió que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se aparten del caso por ser docentes universitarios, lo que también hoy fue rechazado.

Con ese fallo, queda firme la decisión de la Cámara que obliga a cumplir con la cautelar.

Pero entre un fallo y el otro, y tras la cuarta marcha universitaria federal, hubo un acuerdo político entre el Gobierno, los rectores y los gremios.

Ese acuerdo fue presentado en el juzgado de Cormick en primera instancia, donde el juez tiene que decidir si el decreto que suspende la ley es constitucional o no.

En el Gobierno confían en que el acuerdo político convierta en abstracto el reclamo de los rectores, pero las casas de estudio no estaban dispuestas a retirar la demanda.

El reclamo universitario
La Federación Universitaria Argentina (FUA), que reúne a los alumnos, rescató el fallo de la Corte como un triunfo y un reconocimiento a la movilización estudiantil.

Joaquín Carvalho, presidente de la FUA, expresó: “La Corte ratifica lo que venimos diciendo desde el primer día: el financiamiento universitario no depende de la voluntad de un gobierno, sino del cumplimiento de una ley”.

“Este fallo es también un reconocimiento a la enorme movilización de estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades que durante estos años defendieron a la universidad pública en las calles”, sostuvo Carvalho. Advirtió, no obstante, que el conflicto universitario sigue abierto. “Mientras los salarios continúen deteriorados y las becas Progresar permanezcan congeladas en $35.000, miles de estudiantes seguirán viendo vulnerado su derecho a estudiar. Ahora el Gobierno tiene que cumplir la ley y garantizar los recursos que nuestras universidades necesitan”, desafió.

Por Lucila Marin y Hernán Cappiello