A un mes de asumir, el intendente de San Roque denunció penalmente a la gestión anterior por presunta apropiación indebida de tributos. Apunta a un perjuicio de más de $43 millones acumulados desde septiembre de 2024. Promete "ir hasta las últimas consecuencias".

Apenas transcurrido un mes desde su asunción, el 10 de diciembre de 2025, el intendente de San Roque, Raúl Pelozo, decidió dar un paso político y judicial de alto impacto: denunció penalmente a la gestión municipal anterior por una presunta maniobra de apropiación indebida de tributos y desvío de fondos públicos. "Retuvieron, cobraron y no depositaron", sintetizó el jefe comunal al explicar el eje de la acusación: un perjuicio económico para el Municipio de más de $43 millones.

La presentación judicial fue realizada ante la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) del Poder Judicial de Corrientes y apunta al exintendente Raúl "Rulo" Hadad, hoy diputado nacional, y a exfuncionarias del área financiera. Según detalló Pelozo, la denuncia se apoya en auditorías internas y documentación oficial que revelan "un incumplimiento grave y sostenido de las obligaciones fiscales del Municipio".

"El monto de la deuda supera los 43 millones de pesos. Tenemos una situación de incumplimiento grave del municipio: desde septiembre de 2024 dejaron de hacer los pagos que tenían que hacer", afirmó el intendente en declaraciones radiales. Y remarcó: "Las retenciones se hacían, figuraban en las órdenes de pago, pero la plata nunca llegó adonde tenía que llegar".

El planteo central de la acusación refiere al rol del Municipio como agente de retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. De acuerdo con la normativa vigente, la comuna debía descontar el 2% correspondiente en cada pago a proveedores y contratistas y transferir esos fondos a la Dirección General de Rentas (DGR) de la Provincia. "Eso se hacía en los papeles, pero no en los hechos. El dinero no fue depositado", sostuvo Pelozo.

El detalle de la deuda, que asciende a $43.482.760, incluye no solo retenciones de Ingresos Brutos, sino también tasas vinculadas al funcionamiento del frigorífico municipal que debían ser giradas al Ministerio de la Producción. Los registros analizados indican que los depósitos dejaron de realizarse a partir de septiembre de 2024 y que la situación se extendió hasta noviembre de 2025, es decir, hasta el tramo final de la gestión anterior.

"Estamos hablando de fondos que no le pertenecían al Municipio. Eran recursos retenidos a terceros, que debían ser transferidos en tiempo y forma. Eso agrava la situación", indicó el intendente, al explicar por qué la denuncia incluye figuras penales como peculado, apropiación indebida de tributos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En términos políticos, Pelozo aseguró que "no es una cuestión de persecución ni de revancha. Es una obligación institucional.

La denuncia no se limita al capítulo impositivo. Según confirmó el propio intendente, la actual administración detectó además deudas con trabajadores municipales, incumplimientos en el pago de la ART y obligaciones que contaban con partida presupuestaria asignada, pero no abonadas.

A esto se suman irregularidades en obras públicas inconclusas y falencias en los mecanismos de control interno durante la gestión anterior. "Encontramos obras pagadas que no se terminaron y una falta total de controles. Todo eso forma parte del estado en el que recibimos el Municipio", afirmó.

En paralelo a la denuncia penal, el Ejecutivo local puso en marcha una auditoría integral para reconstruir el estado financiero y administrativo de la comuna.