NA - El integrante de Unión por la Patria considera que existe una escalada de acciones emprendidas por el Gobierno contra la libertad de expresión y el periodismo.
Buenos Aires, 6 febrero (NA) – El diputado nacional de Unión por la Patria Nicolás Trotta presentó hoy un proyecto para declarar el rechazo a la creación de la flamante “Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina” y para expresar la preocupación por lo que considera una escalada de acciones emprendidas por el Gobierno contra la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
En los fundamentos del proyecto, el ex ministro de Educación aseguró que la creación de este organismo oficial representa un “avance grave sobre las garantías democráticas” y constituye “la creación, confesa, de un Ministerio de la Verdad”, al “establecer un mecanismo estatal destinado a condicionar y controlar la circulación de información en la Argentina”.
Según indicó, la creación de una ‘Oficina de Respuesta Oficial’ para ‘verificar contenidos’ no tiene nada de “transparencia” y sólo tiene como propósito el "control" sobre los medios y la circulación del discurso público.
En el texto del proyecto, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Trotta recordó que el presidente Javier Milei y funcionarios del Gobierno han impulsado denuncias judiciales y agresiones públicas contra numerosos periodistas y comunicadores, promoviendo “discursos estigmatizantes que buscan desacreditar y disciplinar la tarea periodística”.
Para el diputado de la oposición, desde que gobierna La Libertad Avanza rige “un clima de hostigamiento permanente hacia quienes informan y ejercen críticas, configurando un escenario de creciente vulnerabilidad para el sector”.
El dirigente peronista también recordó que en 2009 el Congreso incorporó una reforma a la Ley 26.551 en la que eliminó las penas de prisión por calumnias e injurias y dispuso que las expresiones vinculadas a asuntos de interés público no constituyen delito.
El ex funcionario del Frente de Todos consideró que el lanzamiento de esta oficina para desmentir supuestas operaciones de prensa constituye un nuevo escalón en una “deriva autoritaria” que debe ser frenada.
“Este cuerpo no puede permanecer indiferente ante un avance que amenaza derechos básicos y el pleno funcionamiento de la democracia”.
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