El juez laboral, Ariel Brest, hizo lugar a una medida autosatisfactiva promovida por un grupo de empleados contra la firma Alal y ordenó el depósito de una suma millonaria en concepto de créditos laborales reclamados por los despedidos. La empresa echó a 260 empleados y les anunció que solo pagaría el 50% de la indemnización prevista. Pero no realizó pago alguno, por eso la Justicia intimó a los dueños a depositar 142 millones de pesos, para abonarle a los trabajadores.
El juez hizo lugar a la medida cautelar al acreditarse la mora del empleador en el pago. La Justicia además embargará bienes de la compañía que cubran el monto exigido y en caso de no cumplir con la orden juducial, rematará el bien para que los exempleados puedan cobrar parte de su indemnización.
