La solicitud de Gerardo Pollicita al juez Ariel Lijo incluye oficios y requerimientos a registros de propiedades, vehículos y movimientos financieros, con el objetivo de identificar posibles activos no declarados del jefe de Gabinete y su esposa

El fiscal Gerardo Pollicita requirió al juez federal Ariel Lijo la adopción de una serie de medidas de prueba en la investigación por enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni, tras la denuncia originada por el vuelo realizado a Punta del Este junto a su familia y al periodista Marcelo Grandio de la TV Pública, según informaron fuentes judiciales.

El requerimiento a cargo de Pollicita se fundamenta en la existencia de motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial de Adorni, de acuerdo al expediente que tramita el juez Lijo. La primera etapa del pedido, confirmada por funcionarios judiciales, incluye oficios a los registros de la propiedad bonaerense y porteños para identificar bienes que puedan estar registrados a nombre de Adorni o de su esposa Julieta Bettina Angeletti.

En la lista de requerimientos, el fiscal también solicitó información a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios sobre la titularidad de vehículos.

Entre otras medidas, los investigadores buscan establecer la identidad registrada para el pago de expensas de la vivienda en el Country Indio Cuá Golf, partido de Exaltación de la Cruz, y verificar eventuales cuotas sociales, pagos extraordinarios o permisos de obra atribuidos a los imputados en ese distrito.

Hasta el momento, indicaron las mismas fuentes, el juez Ariel Lijo recibió el dictamen del fiscal para que se impulse la investigación, pero aún no dictó ninguna resolución sobre las medidas propuestas.

Qué se investiga
La denuncia contra Adorni fue presentada por la diputada Marcela Pagano, disidente de La Libertad Avanza. En la misma se detallan presuntas irregularidades en contrataciones estatales y posibles incompatibilidades en la concesión de Tecnópolis, un caso que podría derivar en imputaciones por enriquecimiento ilícito y fraude contra la administración pública.

El expediente, elevado recientemente, apunta tanto a licitaciones de servicios de mensajería masiva como a la gestión estatal del predio, cuyo proceso de concesión involucra un monto superior a $183.300 millones en el período 2025-2026.

La semana pasada, la legisladora amplió la denuncia penal por la presunta omisión de una vivienda en el country Indio Cua Golf Club, ubicado en Exaltación de la Cruz. La misma sostiene que la propiedad no figura en la declaración jurada de bienes presentada hasta ahora por el funcionario.

En la última declaración jurada de bienes presentada por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción aún no figura la actualización de 2025, dado que se encuentra dentro del plazo para hacerlo.

Hasta la fecha, Adorni declaró únicamente dos inmuebles: un departamento de 115 metros cuadrados en Parque Chacabuco (a medias con su esposa) y un departamento de 107 metros cuadrados en La Plata, su ciudad natal, adquirido por donación familiar. Además, registra ahorros cercanos a USD 50.000 y deudas aproximadas por USD 90.000.

La presentación ante la Justicia menciona que el inmueble denunciado fue objeto de una obra de alto valor económico. Consultando valores de mercado, la diputada señala que el precio promedio de venta de casas en el Indio Cua Golf Club ronda los USD 149.875, con una franja que va desde USD 129.000 a USD 249.000, a lo que se suma una cuota de ingreso que, de acuerdo con los avisos vigentes, se ubica en torno a los $5.000.000. Las expensas mensuales incluyen el acceso a todas las instalaciones deportivas del club: canchas de golf, caballerizas, tenis y fútbol.

Este conjunto de datos se presentaría, siempre según la denuncia, como evidencia de una posible “discordancia en la declaración jurada patrimonial” de Adorni, quien estaría obligado a informar cualquier tenencia o posesión que le represente derechos de propiedad o uso del bien.

La Justicia deberá determinar si existió un posible “entramado de relaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.