El Gobierno nacional derogó una resolución que, desde hacía 25 años, obligaba a las escuelas y universidades privadas de Argentina a informar anualmente el importe de las cuotas y la matrícula a la Secretaría de Comercio de la Nación. Esta decisión, anunciada en el Boletín Oficial de la Nación, fue interpretada como un primer paso en la desregulación de los aranceles de las instituciones educativas privadas.
Las 14.000 escuelas privadas del país, subvencionadas o no, deberán seguir informando sus aranceles a las jurisdicciones, aclararon a Infobae desde la Asociación de Institutos Privados de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA). Representantes de la Asociación se habían reunido la semana pasada con el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Nación, Fernando Blanco Muiño. En esa reunión solicitaron la derogación de la Resolución 678/99 anunciada hoy.
Según evalúan en AIEPBA, en contextos inflacionarios como lo de los últimos años “resultaba difícil de prever el monto anual de las matrículas y constituía una tarea engorrosa para los responsables administrativos de los colegios”. Desde la Asociación celebraron la derogación por considerar que se trataba solo de “un trámite burocrático”, y explicaron que la norma había sido promulgada durante los noventa, en un contexto sin inflación.
El decreto 2417/93 obliga a las escuelas a informar a las familias en septiembre u octubre de cada año (según si tienen o no subvención) cuál será el arancel del año siguiente y limita los aumentos al 50% del aumento de costos que surja de las paritarias docentes. Por lo tanto, no permite trasladar otros costos, como alquileres.
Además, esa norma establece que, si la escuela no logra la firma de más del 50% de los padres de los alumnos en el acuerdo escolar, al año siguiente tendría que mantener la cuota del año anterior. El acuerdo escolar es el documento en el que se informan los valores del año siguiente y que las familias deben devolver firmado para garantizarse la matrícula.