La Justicia de Goya avanza en una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos durante la gestión municipal saliente de San Isidro. En ese marco, se realizó un allanamiento en la vivienda de un exfuncionario, tras la denuncia por la desaparición de documentación clave vinculada a una obra de pavimentación financiada con un subsidio provincial de 943 millones de pesos.
El procedimiento se llevó adelante en un domicilio ubicado sobre calle Ángel Soto, entre Tucumán y Evaristo López, en la ciudad de Goya, y estuvo a cargo de la fiscal María Eugenia Ballara. El objetivo fue el secuestro de documentación considerada de interés para la causa.
La investigación se inició luego de que, a fines de la semana pasada, se denunciara la sustracción de una caja azul que contenía papeles esenciales para la rendición de cuentas de una obra de pavimentación ejecutada con fondos provinciales. Según consta en la denuncia, dicha caja había sido verificada el martes anterior durante un control realizado en el marco del proceso de transición de gobierno y se encontraba en su lugar. Sin embargo, en las primeras horas del jueves siguiente ya no estaba.
La desaparición de esa documentación resulta especialmente grave, ya que sin esos respaldos las nuevas autoridades municipales no podrían justificar el uso del subsidio recibido, lo que implicaría la obligación de devolver el monto total de los fondos.
Además, fuentes vinculadas a la investigación señalaron que en esa misma caja también habría documentación que daría cuenta de una presunta malversación de fondos por alrededor de 130 millones de pesos, suma que habría desaparecido del total asignado a la obra.
En este contexto, la Justicia dispuso el allanamiento en la vivienda del ex secretario de Gobierno Dante Morato, como parte de las medidas para esclarecer el destino de los fondos y recuperar la documentación faltante. El procedimiento se realizó en el marco de una causa que investiga posibles desvíos de dinero público durante la administración municipal encabezada por el intendente saliente Carlos Martínez.
La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días. Mientras tanto, el caso genera una fuerte repercusión política e institucional en San Isidro, ante la posibilidad de un entramado de irregularidades en la gestión de obras públicas.
