En medio de la polémica por el control de los fondos públicos que administran las universidades estatales, la Auditoría General de la Nación (AGN) difundió el listado de las tareas de supervisión que realizó los últimos diez años a esas casas de altos estudios, a instancias del plan de trabajo aprobado por el Congreso.

El informe -que compartió Javier Fernández, decano de los auditores y de reconocida trayectoria en el ámbito público, ante una consulta de Infobae- destacó que el organismo de control que depende del Poder Legislativo realizó evaluaciones no sólo de aspectos presupuestarios, sino también sobre la gestión de esas instituciones educativas.

Además, la AGN destacó que no sólo se efectuaron esas auditorías sobre la UBA, sino que también se realizaron controles sobre otras universidades del interior del país. El balance al que accedió este medio reconstruyó los estudios realizados en los últimos diez años: en la Facultad de Psicología de la UBA y las universidades del Litoral, de Rosario, José C. Paz, Tucumán, Formosa y Jujuy.

Además de las ya realizadas, se indicó que están en marcha otros seis proyectos de auditorías de gestión financiera, contable y administrativas en la universidad de Formosa, Salta, del Nordeste, de Córdoba, La Plata y también de Jujuy. El auditor Javier Fernández resaltó que cada uno de esos expedientes se basan en el plan de trabajo que aprueba periódicamente el Congreso Nacional.

Las aclaraciones surgen a partir de la polémica que se abrió por el planteo que hizo el Gobierno en medio de la disputa con los rectores de las universidades, que denunciaron que el ajuste drástico al presupuesto para el sistema de educación superior no sólo impediría funcionar de manera correcto, sino que empujaría a un cierre inminente y generalizado de esas instituciones.

El responsable principal de promover esta posición de confrontación con los referentes de la educación superior fue el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez. “Estudiar es un derecho, auditar es una obligación”, planteó antes de la marcha que se convirtió en multitudinaria tras el fracaso del diálogo.

Esta mañana también habló el titular de la AGN, el peronista Juan Manuel Olmos, quien subrayó que el proceso para revisar el presupuesto de las universidades públicas no es potestad del Poder Ejecutivo y señaló que las órdenes las debe realizar una comisión mixta revisora del Congreso, integrada por diputados y senadores.

El listado de las auditorías

En el informe que difundió el colegio de auditores se destaca que en noviembre del año pasado se aprobó tanto el informe ejecutivo como el contenido de la evaluación que se hizo en 2023 sobre la Facultad de Psicología de la UBA, respecto a la gestión, la estructura organizativa, la ejecución presupuestaria, las cuentas bancarias, compras y contrataciones correspondientes al ejercicio 2018. “El trabajo de la AGN siempre es ex post”, aclaró Javier Fernández.

En el caso de la Universidad Nacional del Litoral, en 2022, se aprobó la auditoría elaborada por la Gerencia de Control de Gestión del Sector no Financiero realizado con el objeto de evaluar la gestión de las transferencias, becas y convenios correspondientes al ejercicio 2027. En la de Rosario se controlaron las transferencias de becas y convenios correspondientes al ejercicio 2017.

En 2021, la AGN realizó un pormenorizado estudio sobre la Universidad Nacional de José C. Paz, referido “al ambiente de control y la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio 2015 y al primer semestre de 2016, mediante el análisis de los componentes de mayor significatividad relativa, vinculados con las áreas de Presupuesto, Compras, y contrataciones y secretaría académica”. En este caso, es importante resaltar que el entonces auditor y hoy diputado nacional Miguel Pichetto se abstuvo.

Por último, en el informe se incorporó un detalle de las auditorías efectuadas en las universidades de Tucumán, Formosa y Jujuy, en todos los casos vinculadas a la supervisión sobre los fondos recibidos, el ambiente de control y ejecución presupuestaria realizados en los ejercicios del 2014 al 2016.