Los hermanos fueron apartados temporalmente de su madre mientras se evalúan las condiciones necesarias para garantizar su bienestar
La separación de dos hermanos de su madre en Goya generó preocupación y distintas interpretaciones a partir de una serie de versiones que atribuyeron la intervención judicial, entre otros motivos, a la falta de escolarización. Sin embargo, la jueza de Niñez, Adolescencia y Familia N° 1 de Goya, doctora Silvina Racigh, explicó que la decisión respondió a un cuadro mucho más amplio de vulnerabilidad y desprotección, con antecedentes que ya habían requerido intervención estatal.
Me parece propicio que aclaremos algunas cosas porque por ahí el común de la gente no conoce cómo es la realidad", señaló Racigh a NORTE de Corrientes al explicar que la Justicia no tomó la decisión a partir de una denuncia pública, una fotografía o un hecho aislado. Según detalló, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia fue la que dispuso la medida excepcional, a partir de los informes de los equipos técnicos que intervinieron en el caso. Allí participaron asistentes sociales y psicólogos.
La jueza explicó que su intervención se produjo dentro de las 24 horas y que su función consistió en realizar el control de legalidad de la medida adoptada por el organismo administrativo. En este caso, confirmó la decisión de apartar de manera temporal a los dos hermanos del ámbito familiar.
El expediente reveló una situación que, según la magistrada, excede la cuestión de la escolarización. Los chicos presentaban problemas de higiene y no asistían a la escuela. Una vez que ingresaron a una institución de protección, además, los controles de salud permitieron detectar otras dificultades que requirieron atención médica. "En este caso concreto había un abanico de cosas que habían sucedido", explicó Racigh.
La historia familiar tampoco era desconocida para el Estado. Los dos chicos tienen una hermana mayor, que hoy tiene 18 años y que también tuvo intervención judicial en el pasado. De acuerdo con la jueza, aquella situación ya había generado medidas de acompañamiento, subsidios y asistencia alimentaria.
La magistrada hizo una distinción central para comprender el caso: la pobreza y la desprotección no son necesariamente la misma cosa. "Yo no voy a negar que en este caso hay una pobreza estructural, hay una vulnerabilidad muy grande, pero la pobreza no justifica todo porque una cosa es la pobreza y otra es la desprotección y no son sinónimos", afirmó.
La frase permite poner el foco en una cuestión particularmente sensible. Separar a un niño de su madre constituye una medida excepcional y de enorme impacto para una familia. Por eso, según explicó Racigh, la decisión no se tomó como respuesta automática a una carencia económica ni tuvo como objetivo castigar a la madre.
"En este caso existe una desprotección hacia los niños, entonces el Estado intervino en su momento", sostuvo.
La madre se encuentra sola a cargo de sus hijos y, según la jueza, también atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad. La intervención estatal busca, por un lado, proteger a los chicos y, por otro, acompañarla para que pueda recuperar las condiciones necesarias para ejercer su rol materno.
"Nadie la está culpando a la mamá de nada", remarcó Racigh. "La mamá está en una extrema vulnerabilidad también, y se trató de apoyarla, y se está tratando de darle educación para el cuidado".
El caso también incluye denuncias por posibles agresiones y situaciones que podrían constituir delitos. Racigh aclaró que cualquier investigación de carácter penal corresponde a ese fuero y no al juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia.
Uno de los puntos que la jueza buscó dejar en claro es que la separación no implica que los chicos hayan sido declarados en situación de adoptabilidad. Tampoco se trata de una decisión definitiva sobre su vínculo con la madre.
"Se tomó una medida excepcional por la extrema vulnerabilidad, pero yo le digo económica, sí económica, pero también de desprotección. O sea, toda una conjunción de cosas", explicó.
La medida tiene un carácter transitorio y abre una etapa de evaluación. El Poder Ejecutivo deberá desarrollar acciones destinadas a modificar las condiciones que dieron lugar a la intervención. A partir de ese proceso, las autoridades determinarán cuáles son las condiciones más adecuadas para los chicos y para su vínculo familiar.
"Esto tiene un proceso", indicó Racigh. "Se comienza una serie de actividades por parte del Poder Ejecutivo para ver si se puede normalizar esta situación".
La posibilidad de que los hermanos regresen con su madre no está descartada. La jueza aclaró que esa definición dependerá de la evolución del caso y de las condiciones que puedan alcanzarse durante el proceso. "Ojalá esto se pueda revertir, pero eso es un proceso", expresó. Detrás de una medida judicial que puede resultar difícil de comprender desde afuera existe una realidad familiar atravesada por la pobreza, la falta de recursos, problemas de salud, ausencia de escolarización y una historia previa de intervención estatal. También existe una madre que necesita ayuda y dos chicos cuyo bienestar requiere una respuesta inmediata.
Separaron a dos niños de su madre: la jueza habló de pobreza y desprotección
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