Una mirada desde Goya sobre la elección del próximo 20 de octubre de representantes de los abogados de la matrícula federal en el Consejo de la Magistratura
La elección prevista para este martes 20 de octubre merece una atención que excede largamente los límites de la vida institucional de los colegios profesionales. No se trata solamente de elegir nombres para ocupar cuatro lugares en un organismo público: se trata de decidir quiénes tendrán una responsabilidad directa en la selección de los jueces que deben garantizar nuestros derechos y en los mecanismos de control de su desempeño y, en especial, de velar por el interés de quienes están más cerca de la gente y su relación con la justicia ya que, después de todo, lo real es que detrás de cada expediente hay personas que necesitan respuestas oportunas y derechos que requieren protección efectiva y quienes estamos más cerca de ello somos nosotros, los abogados litigantes.
En ese sentido el conjunto de agrupaciones que componen la Lista 3, Unidad en Defensa de la Abogacía, y sus candidatos, encabezados por la candidatura de Alberto “Nacho” Biglieri, pero que también integra nuestra colega la vicepte. del Colegio de Abogados de la 1ra. Circunscripción Corrientes, la Dra. Carolina Grillo, es la que plantea la propuesta más sólida y experimentada al respecto.
Quiero ser claro también: además de acompañar en Goya la candidatura de Alberto “Nacho” Biglieri integro Abogados por Argentina, el espacio que impulsó su postulación, a lo que se suma el hecho que, como docente, integré su cátedra de Derecho Administrativo en la sede que tuviera en nuestra ciudad la Universidad de Lomas de Zamora. Mis palabras, entonces, parten de un conocimiento personal, profesional y académico del Dr. “Nacho” Biglieri.
Corrientes, y en especial Goya, se halla frente a una situación rara y favorablemente especial que debemos apoyar y aprovechar: tiene en la lista 3 Unidad en Defensa de la Abogacía una candidata surgida de los colegios de abogados de nuestra provincia, la Dra. Carolina Grillo, y en quien encabeza la lista, “Nacho” Biglieri a alguien con una cercana y entrañable relación con nuestra Goya y provincia.
Así es y no sólo por su larga trayectoria docente en nuestra ciudad, prácticamente una veintena de años, sino por su actuar clave, junto al Dr. Hutchinson, en aquel dictamen que fuera clave en el juicio que permitiera al municipio recuperar una Fiesta Nacional del Surubí que había sido parcialmente privatizada, por brindar capacitaciones al personal municipal o por representar judicialmente al municipio en diferentes e importantes acciones. Es casi un goyano más.
Otro aspecto central es la composición de la Lista 3, Unidad en Defensa de la Abogacía. No se trata de un rejunte de último momento, sino que la integran diferentes agrupaciones que hace años vienen analizando el funcionamiento de la justicia federal, los problemas que afronta el abogado litigante y los justiciables ante ellos, así como ideas de mejoras: no hay improvisación, sumado al fuerte anclaje que tiene en la colegiación del interior del país: todos los integrantes de la lista son miembros de algún Colegio de Abogados; anclaje que acerca la representación a profesionales que conocen las dificultades cotidianas del ejercicio de la abogacía y los obstáculos que pueden presentarse al litigar ante los tribunales federales en diferentes jurisdicciones.
Los ejes que se plantean son claros, La primera es la necesidad de recuperar la transparencia y la previsibilidad en la selección de los magistrados los concursos deben contar con reglas claras y evaluaciones objetivas, de modo que la idoneidad tenga un lugar central y las decisiones puedan ser comprendidas y controladas institucionalmente, es cierto, pero también jerarquizar en los puntajes la experiencia del abogado de calle y del esfuerzo que hace en formarse, a costa de su propio bolsillo y horas de trabajo, que no puede estar nunca por debajo del reconocimiento a la carrera y formación de quienes provienen del poder judicial. La confianza en la Justicia también depende de la confianza en los procedimientos mediante los cuales se designa a quienes deben impartirla.
El segundo desafío es terminar con las vacantes que afectan el funcionamiento de los tribunales, la demora judicial no es una cuestión meramente administrativa. Detrás de cada expediente hay derechos, patrimonios, conflictos familiares, actividades económicas y, muchas veces, situaciones personales que requieren una respuesta oportuna. Una Justicia que llega demasiado tarde puede terminar convirtiendo un derecho reconocido por la ley en una solución insuficiente para quien necesita ejercerlo. Este es un problema adicional en el interior donde, muchas veces, las subrogancias son cubiertas -con mucho esfuerzo- por jueces que viven y trabajan a centenares de kilómetros del Juzgado a subrogar agravando las demoras.
La tercera cuestión es la representación federal de la abogacía, las condiciones de trabajo y las dificultades para acceder a los tribunales no son iguales en todas las jurisdicciones; sin embargo, muchas veces vemos que las decisiones institucionales más relevantes se discuten desde una perspectiva excesivamente concentrada en Buenos Aires, la experiencia de quienes ejercen la profesión en el interior debería tener un lugar efectivo en las deliberaciones del Consejo. Una mirada federal no consiste solamente en reunir candidatos de distintas procedencias, sino en escuchar y considerar las necesidades concretas de todo el país y esto es central en la propuesta de Unidad en Defensa de la Abogacía
El debate sobre el Consejo de la Magistratura debería ayudarnos a mirar más allá de las diferencias partidarias y a concentrarnos en cuestiones institucionales concretas, porque, en definitiva, una Justicia mejor no se construye solamente con reformas legales ni con discursos sobre la independencia judicial: Se construye con jueces seleccionados por su idoneidad, tribunales que funcionen sin demoras injustificadas y representantes capaces de comprender que el acceso a la Justicia es un derecho de todos los ciudadanos, vivan en Buenos Aires o en cualquier otro lugar de nuestro país.
Diego Eduardo Goral
Abogado · Integrante de Abogados por Argentina
