El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, aseguró que la prioridad de la Casa Blanca es desescalar el conflicto entre ambas naciones. Calificó a nuestro país de “gran amigo”, a la vez que destacó la relación histórica con Gran Bretaña.
El funcionario de la administración de Donald Trump fue consultado por GB News sobre qué haría Estados Unidos ante un hipotético nuevo conflicto armado en el Atlántico Sur y si respaldaría militarmente a Gran Bretaña.
Waltz evitó dar una respuesta afirmativa o negativa y señaló que una definición de ese tipo correspondería directamente al mandatario estadounidense.
“Es una decisión del comandante en jefe”, afirmó el diplomático, antes de remarcar que no iba a adelantarse a una eventual determinación de Trump. Luego agregó: “Creo que buscaríamos desescalar antes de llegar tan lejos”.
El representante estadounidense destacó además las relaciones que Washington mantiene con ambos países. “Argentina es una gran amiga de Estados Unidos”, sostuvo Waltz, al tiempo que mencionó la histórica “relación especial” entre Estados Unidos y el Reino Unido.
Sobre la posibilidad de brindar algún tipo de asistencia militar, evitó avanzar: “En términos de cualquier clase de apoyo más allá de eso, se lo dejaré a la Casa Blanca y al Presidente”.
La posición de Trump sobre Malvinas y el reclamo del Reino Unido
Las declaraciones de Waltz se producen después de que Trump generara incertidumbre sobre la posición estadounidense respecto de la disputa de soberanía.
A fines de agosto, consultado sobre si revisaba la postura de Estados Unidos en relación con las islas, Trump respondió que analizaba “cada posición”. Posteriormente, ante una pregunta sobre una eventual confrontación, puso en duda la capacidad o disposición británica para volver a desplegar fuerzas a tanta distancia, pero no anunció formalmente un cambio en la política estadounidense.
El primer ministro británico, Andy Burnham, planteó directamente la cuestión durante su encuentro con Trump en Nueva York el 22 de septiembre, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
“Vamos a mantenernos firmes frente a cualquier amenaza. Defenderemos el derecho de los habitantes de las Falklands a la autodeterminación y a seguir siendo británicos”, declaró Burnham después de la reunión. Según el primer ministro, Trump entendió la posición que le transmitió.
La disputa por el petróleo
El nuevo cruce diplomático tiene como eje el proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado en la Cuenca Malvinas Norte por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.
El Gobierno argentino considera que esas operaciones carecen de autorización nacional. El 4 de septiembre inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos y, cuatro días más tarde, amplió los expedientes a otros 15 sujetos.
Además, la Casa Rosada anunció una denuncia penal contra distintas compañías relacionadas con las actividades en la zona y envió al Congreso un proyecto para endurecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina.
El conflicto escaló nuevamente el 28 de septiembre, cuando Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Según informó oficialmente la Presidencia, el objetivo es impedir la explotación de hidrocarburos mediante Sea Lion y evitar nuevas autorizaciones sobre recursos naturales en los espacios marítimos reclamados por la Argentina.
Navitas posee el 65% del proyecto Sea Lion y Rockhopper el 35%. Las compañías sostienen que cuentan con licencias válidas otorgadas por las autoridades de las islas y con el respaldo del Gobierno británico. La primera producción de petróleo está prevista para 2028.
En paralelo, una jueza federal argentina ordenó en septiembre frenar las tareas vinculadas al proyecto hasta que se realice una evaluación ambiental. La capacidad de ejecutar esa resolución fuera de la jurisdicción argentina es uno de los puntos abiertos de la disputa.
La posición oficial argentina mantiene que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes forman parte del territorio nacional, mientras que el Reino Unido administra las islas y sostiene que sus habitantes tienen derecho a decidir su estatus político.
