Porque el Parlamento del Norte Grande no tiene capacidad de imponer agenda. Solo puede solicitar, manifestar y remitir copias. Después depende de la voluntad política de quienes realmente deciden: el Poder Ejecutivo Nacional y, sobre todo, los legisladores nacionales que representan a las provincias del norte. Y ahí aparece la verdadera debilidad.
Se habla mucho de federalismo. Se habla de reclamos históricos, de soberanía, de límites y de derechos territoriales. Pero mientras los senadores y diputados por Corrientes —sin importar el color político ni la posición ideológica— no conviertan ese reclamo en una presión real, constante y pública sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores y sobre las comisiones del Congreso, la resolución terminará archivada junto a tantas otras.
El caso de la Isla Apipé no es un tema menor. Arrastra décadas de controversia, afecta la jurisdicción de las aguas, la navegación y derechos territoriales. No es un reclamo abstracto. Y, sin embargo, corre el riesgo de quedar reducido a un nuevo documento bien fundado que nadie está dispuesto a pelear con la contundencia necesaria.
El Norte Grande puede seguir emitiendo resoluciones impecables. Puede seguir unificando posiciones y documentando antecedentes. Pero mientras no logre que esos reclamos se transformen en proyectos de ley con tratamiento efectivo, o en costos políticos para quien los ignore, seguirá siendo, en buena medida, un espacio de buenas intenciones.
Resoluciones sobran.
Lo que falta es voluntad política.
Y en Corrientes también hay que empezar a hablar - debatir